Los
poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo del Gobierno de la Nación como muchos
Gobiernos provinciales conculcan a trabajadores agropecuarios, sus empleadores
y financistas los
derechos humanos aprobados por la
ONU en 1948, por legales pero ilegítimas leyes, resoluciones
ministeriales y decretos de necesidad y urgencia al discriminarlos (art.1º), al someterlos con impuestos que están
en contra de la igualdad ante la ley (art.7º.1), so pretexto de una distribución de la riqueza que no es
resorte del Gobierno nacional (art.30º), aplastándolos con tributos
confiscatorios que privan arbitrariamente de la propiedad (art.7º.2), máxime
que es un sector integrado por centenares de miles de trabajadores, con derecho
a la libertad de reunión y de asociación
pacífica (art.20º), que no puede ser privado de la propiedad (art.17º), ni desplumado de los frutos de su trabajo con
gravámenes expropiatorios, y que millares de ciudadanos ruralistas tienen derecho a gozar de la misma libertad
(art.3º) que tienen otros sectores de concurrir al mercado externo, para
obtener ganancias en la exportación de bienes,
como acontece en los de pases deportivos o artísticos, cumplidos con
millonarias sumas acordes con la economía de un mundo globalizado.
Como habitantes de
las Nación los provincianos del agro también tienen derechos económicos,
sociales y culturales indispensables a su dignidad y al desarrollo de su
personalidad. (art.22º). Además no se respetan los derechos inalienables
establecidos en el artículo 14 de la constitución Nacional que establece: "Todos los habitantes de la
Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes
que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria
lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar,
permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas
por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de
asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y
aprender"
En todos los
escalones gubernamentales se habla permanentemente del respeto a los derechos
humanos, que en el caso de la se actividad agropecuaria están conculcados,
motivo por el cual resulta conveniente elevar un informe de la presente al Alto
Comisionado para los Derechos Humanos, de la ONU en Ginebra
Por
último los impuestos derivados de la actual conducción son contrarios al
régimen de la
Constitución Nacional, impulsados equivocadamente por el peso del gasto público que ha llegado
a un punto tal que la Nación
está provocando que las Provincias y la Capital Federal se
hagan cargo del mal empleo de los fondos establecidos en el Presupuesto
Nacional, y se ha apoderado de los mayores ingresos provenientes del incremento
en la recaudación por la inflación, las
altas retenciones a las exportaciones del agro, el no incremento del mínimo no imponible del
impuesto a las ganancias sobre los sueldos provenientes del trabajo, el
regresivo IVA que castiga a los niveles de ingresos más bajos, para volcar esos
fondos en onerosos subsidios a empresas
del capitalismo de amigos, planes futbol
para todos, carne para todos, pollos para todos, milanesas para todos, más cubrir los 800
millones de dólares del déficit de Aysa, los 1500 millones de dólares para la deficitaria Aerolíneas Argentinas, los
811 millones de pesos para cubrir el déficit de Canal 7 y Radio Nacional y
subsidios a organismos y empresas deficitarias .
Demostrado está
que por el sistema tributario nacional se están conculcando derechos humanos de
millares de trabajadores rurales y sus empleadores, afectando la economía de
las ciudades provinciales que tienen una economía dependiente de los ingresos
de los ruralistas, motivo por el cual
entidades como CARBAP
(Confederación de Sociedades Rurales de Buenos Aires y la Pampa) y la Sociedad Rural
Argentina han decidido adoptar medidas de protesta acordes con le sentir de
las masas dirigidas.
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