El por qué de las provincias mendicantes

El actual reclamo de los hombres dedicados a las actividades agropecuarias es una tempestad que recordémoslo tuvo origen en los malos vientos de 80 años atrás, pues  el 19 de enero de 1932, el doctor Raúl Prebish - como subsecretario - llevó a la firma del general José F. Uriburu el decreto-ley que establecía por la “emergencia nacional” el impuesto a los Réditos que regiría por tres años.

Tiempo después se revisó en el Senado de la Nación el 14 de mayo de 1932, girando el debate entre otros puntos en ponderar su constitucionalidad  y la forma de repartirlo entre las Provincias y la Nación.

En la  discusión parlamentaria se escucharon voces que anticipaban; “que la consecuencia de este impuesto a los Réditos será el empobrecimiento de las provincias, el desquicio de sus rentas y entonces tendrán que venir a mendigar al gobierno central que las sustituya en el cumplimiento de los servicios” y  “que era una ley suicida de las provincias”;  “que el desequilibrio del presupuesto no justificaba la creación de un impuesto anticonstitucional”, “que el impuesto agravaría las dificultades económicas que sufría el país”, “que conspiraba con el espíritu de la Constitución al abolir las autonomías provinciales”·.

Se señalaba también que no estaban reunidos los recaudos constitucionales para establecerlo a saber defensa, conmoción y que además correspondía solucionar el déficit presupuestario achicando los gastos de la administración pública, vendiendo o locando tierras de propiedad nacional, o privatizar el subsuelo colectivizado, o eliminando los corruptos bancos oficiales. Votaron contra su aplicación estos visionarios: Palacios, Ceballos Reyes, Matienzo, Eguiguren, Laurencena, Bravo y Rothe.

Aquel impuesto de emergencia que debía caducar el 31 de diciembre de 1934, empeorado en su naturaleza constitucional, está vigente  78 años después como Impuesto a las Ganancias. Hoy como ayer las provincias ante el poder central, deben mendigar que les den los dineros que les pertenecen.

Es hora que los legisladores provinciales tanto diputados como senadores, atiendan la libertad, la propiedad, la vida y la búsqueda de la felicidad de sus provincianos, y no el tren bala, el cohete para vuelo transpolar, un nuevo avión presidencial, o el bienestar de una kakistocracia que no trabaja ni deja trabajar, que usa la libertad para someter a la ciudadanía, que tiene para su beneficio la propiedad estatal, que pasa una buena vida farandulesca, buscando cada tanto cubrir sus frondosos gastos con impuestos confiscatorios como las retenciones,  regresivos como el IVA que empobrece a los de bajo recursos y a los pobres los hace indigentes; en síntesis legisladores provinciales que restituyan a sus provincias los recursos que por la Constitución le pertenecen.