Sólo el empleo correcto de la palabra informa bien,
aun en nuestra
forma de gobierno republicana y federal
con tres poderes independientes, pues en
la práctica por olvidar este mandato constitucional, resulta común que legisladores de ambas
Cámara legislativas critiquen una acción del Ejecutivo, señalando “no estar de
acuerdo con el gobierno”, frase también adoptada por jueces, resultando así que
los integrantes de ambos poderes no sienten, ni asumen que integran
constitucionalmente la forma de gobierno establecida en la Constitución
(Autoridades de la Nación; 1ª y 3ª sesión)
Muchos medios inducen a la población al mismo error,
cuando hacen destinatario de una crítica al Gobierno por una disposición que
emanó de quien ejerce la presidencia de la nación, no señalando claramente como responsable de ella al Poder
Ejecutivo. Induciendo en la
sociedad a esperar
todo de ese Ejecutivo, en una tácita
aceptación del autoritarismo.
Este autoritarismo nos recuerda el
siguiente dialogo de aproximadamente 500 a.C. concretado por los discípulos y
Confucio:
-
“¿Maestro
si lo dejaran gobernar cual sería su primer acto?”
-
“Ciertamente sería corregir el lenguaje.”
Contestó el filósofo
-
“¿Por
qué, Maestro?”
-
“Porque si el lenguaje no es correcto, entonces
lo que se dice no es lo que se quiere decir, si no se quiere decir lo que se
dice, entonces lo que se debe hacer queda sin hacerse. Si esto queda por
hacerse, entonces se deterioran la moral y las artes. Si la moral y las artes
se deterioran se pierde la justicia y la gente cae en la más completa confusión.
Por lo tanto no debe existir arbitrariedad en lo que se dice”.
Postura que
también sostiene Trostsky al expresar: “La corrección y precisión en el
lenguaje es condición indispensable de un pensamiento recto y preciso.
A este hablar mal se suma decir que el vicepresidente forma parte del Ejecutivo cuando el artículo
87º de la Constitución
establece el carácter unipersonal de ese poder al expresar: “El Poder Ejecutivo
de la Nación
será desempeñado por un ciudadano con el título de "presidente de la Nación Argentina",
mientras que el vicepresidente es parte de otro poder del Gobierno Federal,
con funciones encuadradas en la sección
del Poder Legislativo donde el artículo
57 º señala: “El vicepresidente de la Nación será presidente del Senado; pero no tendrá
voto sino en el caso que haya empate en la votación”. Por eso el vicepresidente puede constitucionalmente votar en contra de
un proyecto del ejecutivo, porque no es una figura que debe seguir los pasos
del presidente electo y si el mandato de los estados provinciales, represntados en el Senado de la Nación.
Esa tendencia nacional de mal hablar, se repite al llamar a nuestro país Argentina,
en lugar de “República Argentina” como
lo establece la
Constitución (artículo 35º); resultando una forma velada de
escamotear en forma subliminal la forma
republicana de gobierno.
Cada uno de nosotros es gobernante de nuestra
vida, si hablamos mal, pensaremos mal y así llegaremos por ejemplo a creer que es gobierno quien lo
es solo parcialmente, dejando de exigirle al poder Legislativo y Judicial el
cumplimiento de sus funciones, con lo que el Ejecutivo hará lo que quiera, porque
es lo que siente la gente.
En psicología
se dice “El nombre conforma al hombre”, así en la vida cotidiana
advertimos que el "Gordo" responde a ese apelativo cotidiano; y en la historia vemos engrandecer a los
jefes de estado, llamando “Lord Protector” a Cromwell”, “Mariscal” a Tito, “ Líder”
a Perón, “Generalísimo” a Franco, “Führer” a Hitler, “ Canciller de Hierro” a
Bismark, como antes en Roma a Augusto se lo llamó “Primero de los Senadores” y
luego “Padre de la Patria”.
En fin una serie de malas denominaciones verbales que a gobernantes y
gobernados, los vuelve en tiranos y tiranizados.
Las mesas pueden tener una pata, pero los gobiernos
republicanos para mantenerse democráticos deben tener las tres, que en este orden los pone la Constitución Nacional
: el poder Legislativo, el Ejecutivo y
el Judicial; mostrándoles a mandatarios y funcionarios desde la correcta
expresión verbal, hasta la precisa acción concreta, asumir la responsabilidad
que le corresponde al poder de pertenencia, especialmente la de legislar en
forma independiente y juzgar acorde con las leyes vigentes, actuando ambos
poderes sin seguir el dictamen interesado de otro poder.
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