Hacia una política de fondo y forma contra la impunidad

El incremento de los hechos delictivos que diariamente que asota a los habitantes de nuestro país, requiere que en forma urgente los Gobiernos Nacional y Provincial, en sus ramas Poder Legislativo, Ejecutivo  y Judicial desplieguen una estrategia global que asegure a los habitantes de la Nación su vida, la propiedad, el honor y el bienestar. En otras palabras cumplir y hacer cumplir este precepto; “el que viola, la ley será castigado y el castigo se cumplirá en totalidad”, además que sean agravantes de las penas el delinquir   el concretarlo: en grupo de dos o mas personas, con cualquier tipo de armas o elemento que sea tomado como tal, hacerlo en estado de ebriedad, o de drogado, ser reincidente.

Para ello será necesario en un plazo de noventa días, se promulgue un Código Penal y Código Procesal que corrijan todas la legislación que en estos últimos veinte años, facilita la impunidad como las leyes 23.050, 23.057, 23.070, 23.077, la de 1984 que fijó el tiempo de detención policial, la que prohibió detener personas por la policía sin autorización de un juez, la que estableció la “probation o suspensión del juicio a prueba”, la que prácticamente eliminó el agravante de la reincidencia, la que impide a la policía interrogar a acusados de un delito, etcétera. En otras palabras anular todas las leyes que incentivaron la delincuencia y aumentaron la inseguridad de la ciudadanía.

Por otra parte asegurar que la Justicia cumpla con eficiencia sus funciones en tiempo y forma, las veinticuatro horas de todos los días del año, como acontece con servicios como el de salud, los de agua, gas, energía eléctrica, comunicaciones. Ya no es posible una Justicia con vacaciones de verano, invierno y Semana Santa.

Que la Policía cuente con recursos técnicos y humanos para cumplir su función de prevención y represión.

Que el servicio Penitenciario cuente con establecimientos para cumplir la guarda y custodia de procesados y sancionados. Al respecto emprender una construcción generalizada por terceros de establecimientos penitenciarios en todo el país, hecho que por otra parte sería impulsar la obra pública. Obras que se deben hacer en un plan trienal que incremente las celdas en un mil por cien. Actuar que creará  puestos de trabajo en la construcción.

Dictar una ley que penalice a los funcionarios pertenecientes a organismos que deben reprimir o ajusticiar no lo hagan sea por falta de idoneidad, negligencia u omisión no  ordenen reprimir el delito, como también a los  funcionarios públicos que con su conducta faciliten o descuiden la protección de las personas acosadas por el hacer delictivo.

 

De esta forma nuestro país dejará de ser el único en el Mundo donde alguien descubierto como autor de  siete delitos entre los 15 y los 38 años, no vaya nunca preso.

Volviendo la paz a sus habitantes que hoy viven con miedo, por culpa de funcionarios que no afianzan la justicia ni consolidan la paz interior, ni proveen la defensa la vida y la propiedad de toda la ciudadanía.